lunes, 15 de febrero de 2016

Siete políticos condenados por corrupción

Vamos a hacer una lista de siete cargos políticos que han sido condenados por corrupción. Subrayo, condenados por corrupción. No imputados, investigados o acusados. Y únicamente por aprovecharse del cargo público en beneficio propio, que es lo que podemos llamar corrupción.

Buscaremos los más altos cargos políticos condenados en los últimos diez años por delitos de corrupción. Hay muchos más por debajo también condenados, y alguno por encima que se me escapará o será condenado próximamente.

1. Jaume Matas i Palou. Fue presidente de Baleares y del PP de la misma Comunidad Autónoma, además de Ministro de Medio Ambiente con Aznar como presidente. A pesar de la veintena de juicios que tiene pendientes, la única condena de cárcel que ha recibido y cumplido hasta ahora es por un delito de tráfico de influencias, al efectuar pagos ilegales al periodista de El Mundo que le escribía los discursos. Eran 6 años, que el Tribunal Supremo rebajó a nueve meses.

2. María Antonia Munar i Riutort. La que fuera lideresa de Unión Mallorquina, un partido liberal nacionalista, que ha pactado con el Partido Popular y también con el Partido Socialista según viniera el viento, fue presidenta del Parlamento Balear y también del Consejo Insular de Mallorca. Ha sido condenada dos veces. La primera a cinco años y medio de cárcel en el caso "Maquillaje" de subvenciones a empresas audiovisuales, por los delitos de malversación continuada, prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que no es justa), fraude a la administración y falsedad en documento oficial. La segunda condena fue seis años de prisión en el caso "Can Domenge", de venta de terrenos, por los delitos de prevaricación, fraude y revelación de información confidencial. Tiene más causas pendientes.

3. Rafael Blanco Castany, ocupó siete veces consellerías de la Comunidad Valenciana, fue diputado y portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Se le condenó a ocho años de cárcel en 2014 (rebajados a 6 y medio por el Tribunal Supremo), por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, dentro del caso Cooperación. La Consellería de Cooperación que el dirigía adjudicó a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) 1,6 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo llegaron a su destino 47.953 euros. El resto fue gastado en adquirir y reformar inmuebles en Valencia. Todavía quedan por juzgarse más piezas del mismo caso.

4. Carlos Fabra Carreras. El dirigente del PP que ocupó durante más de tres lustros el cargo de Presidente de la Diputación de Castellón, fue condenado en 2013 a cuatro años de prisión por otros tantos delitos de fraude a Hacienda, al no encontrarse explicación lógica al ingreso de dos millones de euros en sus cuentas bancarias, que no se correspondía con lo declarado al fisco por el abuelo con aeropuerto.

5. Pilar Sánchez Muñoz. La alcaldesa de Jerez por el PSOE entre 2005 y 2011 fue condenada en 2015 a 4 años y medio de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento. Se empeñó en tratar con cariño para concederle una subvención a una empresa llamada TISA, a la que no le correspondía, para lo que presionó a los funcionarios municipales y creó un informe falso.

6. Julián Felipe Muñoz Palomo fue alcalde de Marbella por el Grupo Independiente Liberal (GIL) entre mayo de 2002, cuando sucedió al fundador del partido, Jesús Gil y Gil, y agosto de 2003. Sí, únicamente quince meses en el cargo. Sin embargo ha sido condenado varias veces. En 2013 recibió dos condenas de 7 años y medio y de dos años por prevaricación, dentro del caso Malaya, de corrupción urbanística, en el que fue condenada también la alcaldesa que le sucedió (Marisol Yagüe) y otros altos cargos del ayuntamiento marbellí. Tiene pendientes unos ochenta juicios y posibles condenas.

7. Elia María Blanco Barbero. La exalcaldesa socialista de Plasencia fue condenada en diciembre de 2014 a dos años y seis meses de prisión, rebajados por la Audiencia Provincial a dos años y un día. Su delito fue fraude y prevaricación, y consistió en la adjudicación a un constructor local de diversas obras, sin seguir las normas establecidas en la Ley de Contratos Públicos.

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